¿Será justo que el ministro Mariano Azuela Güitrón gane un sueldo de $600,000.00 cada mes o lo que es igual $20,000.00 diarios? ¿Es aceptable que del erario público se destinen cantidades tan grandes como pago a funcionarios en un país mayormente empobrecido?
De la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente hay 37 ex magistrados con pensiones desde 199 mil pesos hasta 264 mil al mes. Además reciben un bono extra de 30 mil pesos mensuales agregados a su jubilación, y se les otorga un seguro para gastos médicos mayores, ayudantes y chofer.
Algunos de estos pensionados continúan litigando y merced a sus relaciones públicas y contactos estratégicos de complicidad, lo hacen exitosamente y por ello cobrando caro. Otros se dedican aparte a impartir clases, más por pretender un nivel de prestigio social que por ganar un sueldo y algunos más se refugian en el cuerpo diplomático del país.
Incluso algunos de ellos fueron ministros por pocos meses. Con todo y eso, se hicieron acreedores a la jugosa jubilación de por vida y -el colmo- uno de ellos que estaba sujeto a proceso penal recibió su pensión hasta el día de su muerte.
El máximo tribunal eroga anualmente, sólo por concepto de pago de pensiones, más de 90 millones de pesos anuales y 10 millones más por aguinaldos. Entre enredos de ministros y consejeros de la Judicatura federal, para mal, se dan todo tipo de excesos.
“De acuerdo con la información obtenida, personajes como el ex secretario de Gobernación, ex procurador general de la República y ex rector de la UNAM Jorge Carpizo McGregor; el ex senador y litigante Salvado Rocha Díaz; el titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Diego Valadés; el ex fiscal del caso Colosio Miguel Montes García -quien fue ministro por unos cuantos meses-, y los ex presidentes de la Corte Carlos del Río y Ulises Schmill, así como el ex diputado perredista Miguel Angel García Domínguez, entre otros, reciben su remuneración mensual más el aguinado de ley.
Mención aparte merece el caso de Ernesto Díaz Infante, quien murió recientemente y estaba a la espera de ser sentenciado por segunda ocasión en el juzgado tercero de distrito de la ciudad de México, debido a su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho y contra la administración de justicia, pero como no había sentencia definitiva recibió su pensión hasta la muerte”.
Jorge Carpizo gran aliado del presidente Salinas, destacó más por enredar los casos Posadas Ocampo y Colosio que por otras cuestiones. Diego Valadéz y Miguel Montes supieron muchos secretos inconfesables sobre el crimen Colosio. Este último fue el primer fiscal especial para ese caso. Lo mismo dio una conclusión que después otra diferente, por lo que su pensión de por vida, tiene un tufo de complicidad y premio por su intervención en el por todos llamado crimen de estado.
Se amplía la pregunta: ¿Será justo que el país sostenga ese tipo de sueldos en funcionarios activos y retirados?
Todo ese tipo de información incrementa la inconformidad pública y ésta influirá en parte del electorado a ejercer su voto en las elecciones de julio. El candidato que promete –que cumpla es otra cuestión- suprimir pensiones y rebajar otras está ganando adeptos, ante esta cruel realidad de injustos derroches.
*En la foto Jorge Carpizo
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